Martes 08 de Septiembre de 2009
Numero 167
Mafias farmacéuticas
Por Ignacio Ramonet
Le Monde diplimatique
Muy pocos medios de comunicación lo han comentado. La opinión pública no ha sido alertada. Y sin embargo, las preocupantes conclusiones del Informe final (1), publicado por la Comisión Europea el pasado 8 de julio, sobre los abusos en materia de competencia en el sector farmacéutico merecen ser conocidas por los ciudadanos y ampliamente difundidas.
¿Qué dice ese informe? En síntesis: que, en el comercio de los medicamentos, la competencia no está funcionando, y que los grandes grupos farmacéuticos recurren a toda suerte de juegos sucios para impedir la llegada al mercado de medicinas más eficaces y sobre todo para descalificar los medicamentos genéricos mucho más baratos. Consecuencia: el retraso del acceso del consumidor a los genéricos se traduce en importantes pérdidas financieras no sólo para los propios pacientes sino para la Seguridad Social a cargo del Estado (o sea de los contribuyentes). Esto, además, ofrece argumentos a los defensores de la privatización de los Sistemas Públicos de Salud, acusados de ser fosos de déficits en el presupuesto de los Estados.
Los genéricos son medicamentos idénticos, en cuanto a principios activos, dosificación, forma farmacéutica, seguridad y eficacia, a los medicamentos originales producidos en exclusividad por los grandes monopolios farmacéuticos. El periodo de exclusividad, que se inicia desde el momento en que el producto es puesto a la venta, vence a los diez años; pero la protección de la patente del fármaco original dura veinte años. Entonces es cuando otros fabricantes tienen derecho a producir los genéricos que cuestan un 40% más baratos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la mayoría de los Gobiernos recomiendan el uso de genéricos porque, por su menor coste, favorecen el acceso equitativo a la salud de las poblaciones expuestas a enfermedades evitables (2).
El objetivo de las grandes marcas farmacéuticas consiste, por consiguiente, en retrasar por todos los medios posibles la fecha de vencimiento del periodo de protección de la patente; y se las arreglan para patentar añadidos superfluos del producto (un polimorfo, una forma cristalina, etc.) y extender así, artificialmente, la duración de su control del medicamento. El mercado mundial de los medicamentos representa unos 700.000 millones de euros (3); y una docena de empresas gigantes, entre ellas las llamadas " Big Pharma " -Bayer, GlaxoSmithKline (GSK), Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis-, controlan la mitad de ese mercado. Sus beneficios son superiores a los obtenidos por los poderosos grupos del complejo militar-industrial. Por cada euro invertido en la fabricación de un medicamento de marca, los monopolios ganan mil en el mercado (4). Y tres de esas firmas, GSK, Novartis y Sanofi, se disponen a ganar miles de millones de euros más en los próximos meses gracias a las ventas masivas de la vacuna contra el virus A(H1N1) de la nueva gripe (5).
Esas gigantescas masas de dinero otorgan a las " Big Pharma " una potencia financiera absolutamente colosal. Que usan en particular para arruinar, mediante múltiples juicios millonarios ante los tribunales, a los modestos fabricantes de genéricos. Sus innumerables lobbies hostigan también permanentemente a la Oficina Europea de Patentes (OEP), cuya sede se halla en Múnich, para retrasar la concesión de autorizaciones de entrada en el mercado a los genéricos. Asimismo lanzan campañas engañosas sobre estos fármacos bioequivalentes y asustan a los pacientes. El resultado es que, según el reciente Informe publicado por la Comisión Europea, los ciudadanos han tenido que esperar, por término medio, siete meses más de lo normal para acceder a los genéricos, lo cual se ha traducido en los últimos cinco años en un sobregasto innecesario de cerca de 3.000 millones de euros para los consumidores y en un 20% de aumento para los Sistemas Públicos de Salud.
La ofensiva de los monopolios farmacéutico-industriales no tiene fronteras. También estarían implicados en el reciente golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras, país que importa todas sus medicinas, producidas fundamentalmente por las " Big Pharma ". Desde que Honduras ingresó en el ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de América), en agosto de 2008, Manuel Zelaya negociaba un acuerdo comercial con La Habana para importar genéricos cubanos, con el propósito de reducir los gastos de funcionamiento de los hospitales públicos hondureños. Además, en la Cumbre del 24 de junio pasado, los Presidentes del ALBA se comprometieron a "revisar la doctrina sobre la propiedad industrial", o sea, la intangibilidad de las patentes en materia de medicamentos. Estos dos proyectos, que amenazaban directamente sus intereses, impulsaron a los grupos farmacéuticos transnacionales a apoyar con fuerza el movimiento golpista que derrocaría a Zelaya el 28 de junio último (6).
Asimismo, Barack Obama, deseoso de reformar el sistema de salud de Estados Unidos que deja sin cobertura médica a 47 millones de ciudadanos, está afrontando las iras del complejo farmacéutico-industrial. Aquí, las sumas en juego son gigantescas (los gastos de salud representan el equivalente del 18% del PIB) y las controla un vigoroso lobby de intereses privados que reúne, además de las " Big Pharma ", a las grandes compañías de seguros y a todo el sector de las clínicas y de los hospitales privados. Ninguno de estos actores quiere perder sus opulentos privilegios. Por eso, apoyándose en los grandes medios de comunicación más conservadores y en el Partido Republicano, están gastando decenas de millones de dólares en campañas de desinformación y de calumnias contra la necesaria reforma del sistema de salud.
Es una batalla crucial. Y sería dramático que las mafias farmacéuticas la ganasen. Porque redoblarían entonces los esfuerzos para atacar, en Europa y en el resto del mundo, el despliegue de los medicamentos genéricos y la esperanza de unos sistemas de salud menos costosos y más solidarios.
Notas:
(1) http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/ pharmaceuticals/inquiry/index.html
(2) El 90% de los gastos de la gran industria farmacéutica para el desarrollo de nuevos fármacos está destinado a enfermedades que sólo padece el 10% de la población mundial.
(3) Intercontinental Marketing Services (IMS) Health, 19 de marzo de 2009.
(4) Carlos Machado, "La mafia farmacéutica. Peor el remedio que la enfermedad", 5 de marzo de 2007 (www.ecoportal.net/content/view/full/67184).
(5) Léase, Ignacio Ramonet, "Los culpables de la gripe porcina", Le Monde diplomatique en español , junio de 2009.
(6) Observatorio Social Centroamericano, 29 de junio de 2009.
martes, 8 de septiembre de 2009
ANTE LA CRISIS DE NUESTRO ESTADO FISCAL
Ante la crisis de nuestro estado fiscal
Por Juan Velarde Fuertes, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (ABC, 06/09/09):
Una y otra vez, en la muy delicada situación económica en que se encuentra España, se ha de apelar a lo que para siempre señalaron muy grandes economistas. Si esto no se hace, seremos pasto de arbitristas, que con medidas deslumbradoras, pero carentes de seriedad científica, complicarán aun más las cosas, en vez de resolverlas. Y en este caso, los grandes a los que debería pedir consejo todos los días nuestra política económica, son por un lado, el Premio Nobel de Economía, Mundell, y por otra, Schumpeter, ese economista que nunca se apeará del autobús -sigo una imagen suya- que lleva a la decena de los más insignes científicos de este sector de las ciencias sociales. El primero, en un artículo, en 1961, en «The American Economic Review» señaló cómo el pertenecer a un área monetaria óptima, como es el caso de la Eurozona, a cuya existencia se debe la base del estirón de nuestra economía de 1999 a 2007, exige poseer una alta competitividad. España, basta observar nuestros déficit exteriores, y esas quejas que van de Sánchez Asiaín a Molero, de Jaime Terceiro a Segura o a Carlos Sebastián, para comprender que esa condición de Mundell no se cumple.
Pero existe otro persistente y cada vez más colosal déficit, el presupuestario. Según los expertos que mensualmente reúne «The Economist» para avizorar la situación económica de los principales países, y los trabajos de previsión de la Economic Intelligence Unit Forecast, el año 2009 se cerrará con un déficit de nuestro Sector Público del 10,3% respecto al PIB. De los 42 países analizados, sólo superan ese porcentaje Gran Bretaña y Estados Unidos, pero ninguno de los dos pertenece a la Eurozona. Aparece así en España, con mucha fuerza, una situación que fue abordada por Schumpeter en su artículo «Die Krise des Steurstaats», en los «Zeifragen aus dem Gebiete der Soziologie», publicado en 1918; la última edición de su texto en español, apareció en la «Revista Española de Control Externo», mayo 2000. Su gravedad así se expone: «Los Estados fiscales se han derrumbado multitud de veces» y este fenómeno se produce «si la voluntad del pueblo pide gastos públicos cada vez más elevados; si cada vez se utilizan más medios para fines que no son aquellos para los que los individuos particulares los han producido; si cada vez hay más poder detrás de esa voluntad y si, finalmente, todas las fracciones del pueblo son presa de ideas enteramente nuevas». Esto no puede admitirse sin daño, porque, como señalaron Schumpeter y un poco antes Goldscheid en el ensayo «Staatssozialismus oder Staatskapitalisms», así nos envolverá una crisis del Estado fiscal «que provocaría una realidad auténticamente revolucionaria para el Estado moderno: la estructura social no podría quedar como actualmente».
De ahí que se piense en eliminar, casi como sea, esta situación crítica. ¿Se puede resolver con facilidad gracias a una seria reordenación presupuestaria? Esto es, ¿es posible lograrlo en un mundo fiscal como el español que presenta a los responsables fiscales tetanizados ante las decisiones, derivadas de un keynesianismo vulgar, de aumentar como sea el gasto público, para atenuar por ese, aparentemente cómodo sendero, nuestra grave crisis económica? La medicina, absolutamente obligada, de reducción del gasto público, como planearon Bravo Murillo, Fernández Villaverde, Larraz, Barea o Rato, es evidente que espanta. Es claro que se repite aquella respuesta de un incompetente a la frase de Echegaray, pronunciada en 1905, como ministro de Hacienda por última vez, del «santo temor al déficit», criticándola así: «¿No será que Su Señoría siente temor al progreso?», interpretándolo ahora como salir de la crisis con gasto abundante.
Apelar a incrementos impositivos, sin más, carece de sentido. Para siempre en ese artículo ha señalado Schumpeter que si el fisco destruye en parte significativa el beneficio empresarial, ese que es «el premio que el capitalismo concede a la innovación», se liquidarán «brutalmente muchas posibilidades de desarrollo económico». Y no existen muchos márgenes de actuación. El reciente estudio de la empresa de contabilidad KMPG sobre la carga impositiva del IRPF sobre unos ingresos anuales de 70.000 euros muestra que es superior en España a los de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos. Yolanda Gómez probaba en ABC el 30 de agosto de 2009, apoyada en un estudio de la Comisión Europea recogido por el bufete «Equipo Económico» que «España tiene tipos más altos que la media europea en los impuestos que gravan las rentas personales (IRPF), las empresariales (Sociedades) e incluso las rentas del capital». Ir por ahí supondría una catástrofe. ¿No sería posible aumentar el peso del IVA? Tradicionalmente, España resolvía sus problemas fiscales con incrementos de deuda pública y con impuestos sobre el consumo. Pero lo primero, a través del «efecto expulsión», al privar de ahorro a las empresas privadas, genera frenos al desarrollo. Lo segundo, empeora la distribución de la renta, y he aquí que el instrumento fiscal debe evitarlo, porque, como muy bien puntualizó ese gran hacendista que es el profesor Lagares, ello impulsa los salarios al alza, con lo que se daña, de inmediato, la competitividad de nuestra economía, y con ello, se agudiza la crisis. Quizá por ello en Francia, a partir del 1 de julio de 2009, se observan algunas reducciones en el IVA.
En España existe otro problema que es, en esencia, tributario, pues se basa en un impuesto sobre el volumen de salarios: el derivado del gasto social. La cotización de las empresas coloca a España, tras Bélgica, en el segundo lugar por carga en la UE-15- Caminar algo más por ahí resulta imposible. Incluso se ha planteado aliviar esta situación, aunque es evidente que la amenaza que se alza desde el lado de la financiación de las pensiones, es clarísima, a causa del envejecimiento de nuestra población. Escalofría revisar esto a la luz del artículo de Martín Guijarro Garo y Oscar Peláez Henares, «Proyección a largo plazo de la esperanza de vida en España», publicado en «Estadística Española», enero-abril 2009. Se observa que se está operando «un envejecimiento de la propia vejez» en España. Pero, ¿la economía española puede soportar esa financiación tal como está estructurada? No existen, pues, demasiadas opciones para salir del pozo en el que, por esta crisis del Estado fiscal, ha caído la economía española. En el fondo se reducen a una muy seria reducción del gasto público, continuada con una reorganización tributaria, aquella que hace ya algunos años exigieron, por supuesto en vano, los discípulos del profesor Fuentes Quintana. Ha llegado, pues, el momento de recabar de una serie de hacendistas importantes -ahí están los nombres, y hay más, de los Lagares, los Barea, los González-Páramo, los Monasterio, y la formulación de una seria propuesta técnica de reforma tributaria.
Finalmente, como dice para siempre en ese artículo Schumpeter, para resolver este problema «lo peor que se puede hacer es emprender semejante tarea con medios políticos inadecuados y con patente incertidumbre».
Por Juan Velarde Fuertes, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (ABC, 06/09/09):
Una y otra vez, en la muy delicada situación económica en que se encuentra España, se ha de apelar a lo que para siempre señalaron muy grandes economistas. Si esto no se hace, seremos pasto de arbitristas, que con medidas deslumbradoras, pero carentes de seriedad científica, complicarán aun más las cosas, en vez de resolverlas. Y en este caso, los grandes a los que debería pedir consejo todos los días nuestra política económica, son por un lado, el Premio Nobel de Economía, Mundell, y por otra, Schumpeter, ese economista que nunca se apeará del autobús -sigo una imagen suya- que lleva a la decena de los más insignes científicos de este sector de las ciencias sociales. El primero, en un artículo, en 1961, en «The American Economic Review» señaló cómo el pertenecer a un área monetaria óptima, como es el caso de la Eurozona, a cuya existencia se debe la base del estirón de nuestra economía de 1999 a 2007, exige poseer una alta competitividad. España, basta observar nuestros déficit exteriores, y esas quejas que van de Sánchez Asiaín a Molero, de Jaime Terceiro a Segura o a Carlos Sebastián, para comprender que esa condición de Mundell no se cumple.
Pero existe otro persistente y cada vez más colosal déficit, el presupuestario. Según los expertos que mensualmente reúne «The Economist» para avizorar la situación económica de los principales países, y los trabajos de previsión de la Economic Intelligence Unit Forecast, el año 2009 se cerrará con un déficit de nuestro Sector Público del 10,3% respecto al PIB. De los 42 países analizados, sólo superan ese porcentaje Gran Bretaña y Estados Unidos, pero ninguno de los dos pertenece a la Eurozona. Aparece así en España, con mucha fuerza, una situación que fue abordada por Schumpeter en su artículo «Die Krise des Steurstaats», en los «Zeifragen aus dem Gebiete der Soziologie», publicado en 1918; la última edición de su texto en español, apareció en la «Revista Española de Control Externo», mayo 2000. Su gravedad así se expone: «Los Estados fiscales se han derrumbado multitud de veces» y este fenómeno se produce «si la voluntad del pueblo pide gastos públicos cada vez más elevados; si cada vez se utilizan más medios para fines que no son aquellos para los que los individuos particulares los han producido; si cada vez hay más poder detrás de esa voluntad y si, finalmente, todas las fracciones del pueblo son presa de ideas enteramente nuevas». Esto no puede admitirse sin daño, porque, como señalaron Schumpeter y un poco antes Goldscheid en el ensayo «Staatssozialismus oder Staatskapitalisms», así nos envolverá una crisis del Estado fiscal «que provocaría una realidad auténticamente revolucionaria para el Estado moderno: la estructura social no podría quedar como actualmente».
De ahí que se piense en eliminar, casi como sea, esta situación crítica. ¿Se puede resolver con facilidad gracias a una seria reordenación presupuestaria? Esto es, ¿es posible lograrlo en un mundo fiscal como el español que presenta a los responsables fiscales tetanizados ante las decisiones, derivadas de un keynesianismo vulgar, de aumentar como sea el gasto público, para atenuar por ese, aparentemente cómodo sendero, nuestra grave crisis económica? La medicina, absolutamente obligada, de reducción del gasto público, como planearon Bravo Murillo, Fernández Villaverde, Larraz, Barea o Rato, es evidente que espanta. Es claro que se repite aquella respuesta de un incompetente a la frase de Echegaray, pronunciada en 1905, como ministro de Hacienda por última vez, del «santo temor al déficit», criticándola así: «¿No será que Su Señoría siente temor al progreso?», interpretándolo ahora como salir de la crisis con gasto abundante.
Apelar a incrementos impositivos, sin más, carece de sentido. Para siempre en ese artículo ha señalado Schumpeter que si el fisco destruye en parte significativa el beneficio empresarial, ese que es «el premio que el capitalismo concede a la innovación», se liquidarán «brutalmente muchas posibilidades de desarrollo económico». Y no existen muchos márgenes de actuación. El reciente estudio de la empresa de contabilidad KMPG sobre la carga impositiva del IRPF sobre unos ingresos anuales de 70.000 euros muestra que es superior en España a los de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos. Yolanda Gómez probaba en ABC el 30 de agosto de 2009, apoyada en un estudio de la Comisión Europea recogido por el bufete «Equipo Económico» que «España tiene tipos más altos que la media europea en los impuestos que gravan las rentas personales (IRPF), las empresariales (Sociedades) e incluso las rentas del capital». Ir por ahí supondría una catástrofe. ¿No sería posible aumentar el peso del IVA? Tradicionalmente, España resolvía sus problemas fiscales con incrementos de deuda pública y con impuestos sobre el consumo. Pero lo primero, a través del «efecto expulsión», al privar de ahorro a las empresas privadas, genera frenos al desarrollo. Lo segundo, empeora la distribución de la renta, y he aquí que el instrumento fiscal debe evitarlo, porque, como muy bien puntualizó ese gran hacendista que es el profesor Lagares, ello impulsa los salarios al alza, con lo que se daña, de inmediato, la competitividad de nuestra economía, y con ello, se agudiza la crisis. Quizá por ello en Francia, a partir del 1 de julio de 2009, se observan algunas reducciones en el IVA.
En España existe otro problema que es, en esencia, tributario, pues se basa en un impuesto sobre el volumen de salarios: el derivado del gasto social. La cotización de las empresas coloca a España, tras Bélgica, en el segundo lugar por carga en la UE-15- Caminar algo más por ahí resulta imposible. Incluso se ha planteado aliviar esta situación, aunque es evidente que la amenaza que se alza desde el lado de la financiación de las pensiones, es clarísima, a causa del envejecimiento de nuestra población. Escalofría revisar esto a la luz del artículo de Martín Guijarro Garo y Oscar Peláez Henares, «Proyección a largo plazo de la esperanza de vida en España», publicado en «Estadística Española», enero-abril 2009. Se observa que se está operando «un envejecimiento de la propia vejez» en España. Pero, ¿la economía española puede soportar esa financiación tal como está estructurada? No existen, pues, demasiadas opciones para salir del pozo en el que, por esta crisis del Estado fiscal, ha caído la economía española. En el fondo se reducen a una muy seria reducción del gasto público, continuada con una reorganización tributaria, aquella que hace ya algunos años exigieron, por supuesto en vano, los discípulos del profesor Fuentes Quintana. Ha llegado, pues, el momento de recabar de una serie de hacendistas importantes -ahí están los nombres, y hay más, de los Lagares, los Barea, los González-Páramo, los Monasterio, y la formulación de una seria propuesta técnica de reforma tributaria.
Finalmente, como dice para siempre en ese artículo Schumpeter, para resolver este problema «lo peor que se puede hacer es emprender semejante tarea con medios políticos inadecuados y con patente incertidumbre».
¿QUÉ HACER CON AFGANISTÁN?
¿Qué hacer con Afganistán?
Por Antoni Segura, catedrático de Historia Contemporánea de la UB (EL PERIÓDICO, 07/09/09):
La invasión militar de Afganistán en el otoño del 2001 fue relativamente fácil, y el fin del régimen talibán se dio por hecho. Pero la realidad era bastante más compleja. El régimen talibán no configuraba un Estado en el sentido en el que lo entendemos habitualmente. Era, como tantas otras veces en el pasado, un acuerdo entre jefes tribales, líderes religiosos y señores de la guerra bajo la preeminencia ideológica del sector más radicalizado del movimiento deobandi, que preconiza una versión muy rigurosa, rígida y conservadora del islam, la discriminación de sexo, la prohibición de la música y los juegos (las estrellas dejaron de surcar los cielos de Afganistán con los talibanes) y las ejecuciones y castigos públicos.
El movimiento nació a finales del siglo XIX y se extendió por Pakistán, Afganistán y otros países asiáticos. Actualmente, se encuentra fuertemente implantado en la región fronteriza pastún, entre Afganistán y Pakistán, y los talibanes surgieron de las escuelas deobandis de esa región.
En realidad, pues, la invasión no acabó con los talibanes, sino que estos se diluyeron entre una población que, en buena medida, comparte unos principios tradicionales similares a los suyos. Un país en el que, además, secularmente, los señores de la guerra y los líderes religiosos y tribales tienen más fuerza y credibilidad que las instituciones de un Estado que apenas existe más allá de los barrios residenciales de Kabul. Un ejemplo paradigmático es la ascendencia del general uzbeco Abdul Rashid Dostum, que controla con mano de hierro el norte del país. Primero luchó con el Ejército Rojo contra los muyahidines; después, contra los soviéticos; más tarde. contra los talibanes, y ahora, tras haber sido jefe de las fuerzas armadas y de un breve exilio en Turquía, Hamid Karzai lo ha incorporado a su candidatura a cambio de olvidar sus crímenes de guerra y del 10% de los votos que le garantiza.
Hoy, después de ocho años de esfuerzos militares, la realidad es que los talibanes tienen una presencia permanente en buena parte del país y que la democracia no ha arraigado. Difícilmente podía ser de otro modo, puesto que las tropas de la OTAN han fracasado en la reconstrucción de un país devastado por décadas de guerra, no pueden garantizar la paz en buena parte del territorio y sus acciones militares causan daños colaterales (el viernes murieron al menos 90 personas, la mayoría civiles, como consecuencia de un bombardeo de la OTAN en Kunduz) que provocan el rechazo de la población a la presencia de unas tropas progresivamente consideradas de ocupación.
Las fiestas organizadas por los guardias de seguridad en la embajada de EEUU en Kabul tampoco ayudan a mejorar la imagen de los extranjeros. Las elecciones presidenciales del pasado 20 de agosto, boicoteadas por los talibanes, no lograron ni tan solo llegar al 50% de la participación. Y es que, en las actuales circunstancias y mientras no exista una misión clara (reconstrucción y pacificación) para las tropas desplazadas a Afganistán, los talibanes tienen todas las de ganar. Se identifican y se ocultan entre la población y disponen de un vivero inagotable en las zonas fronterizas con Pakistán. Además, sin Estado no existe democracia posible, y con miseria, señores de la guerra, líderes tribales y religiosos y cultivo de opio no hay Estado.
Es por ello que las incidencias que han tenido las tropas españolas en Afganistán en los últimos días deberían constituir un serio punto de reflexión. No es un problema de si fueron delincuentes comunes (el incidente en el que resultó herido un sargento del Ejército español), como dijo la ministra de Defensa, Carme Chacón, o talibanes, porque con frecuencia los dos se confunden y son, al mismo tiempo, una cosa y la otra. La realidad es que, con la excepción de determinadas zonas de Kabul, las tropas extranjeras no pueden garantizar la seguridad mucho más allá de sus acuartelamientos sin exponerse a los ataques de los talibanes que utilizan las mismas emboscadas y técnicas militares que los muyahidines utilizaron contra el Ejército Rojo.
Tampoco el Gobierno de Karzai es capaz de garantizar un mínimo de seguridad: el pasado 2 de septiembre el número dos de los servicios secretos afganos perdió la vida en un atentado en Laghman.
En conclusión, a pesar de que Chacón estudia mandar más tropas a Afganistán, en las actuales circunstancias sería conveniente que, primero, se aclararan cuáles son los objetivos y la misión de las tropas españolas; segundo, que la decisión no dependa solo del Gobierno, sino que sea fruto de un amplio debate parlamentario en el que todas las fuerzas políticas expongan claramente su posición.
Esta reflexión es urgente, porque los mandos de los principales países implicados consideran que es preciso cambiar la estrategia militar en Afganistán: la acción terrestre es efectiva contra la insurgencia, pero provoca muchas bajas entre los soldados de la OTAN, con las consecuencias electorales correspondientes en los países implicados. Los bombardeos son efectivos, pero no discriminan entre población civil e insurgentes, lo cual incrementa el rechazo de los afganos a la presencia de tropas extranjeras. Este es el dilema, de difícil salida. Hay que ir con pies de plomo, no fuera el caso de que Afganistán acabara siendo el Vietnam de la OTAN, como le sucedió en la década de los años 80 del siglo XX al Ejército Rojo.
Por Antoni Segura, catedrático de Historia Contemporánea de la UB (EL PERIÓDICO, 07/09/09):
La invasión militar de Afganistán en el otoño del 2001 fue relativamente fácil, y el fin del régimen talibán se dio por hecho. Pero la realidad era bastante más compleja. El régimen talibán no configuraba un Estado en el sentido en el que lo entendemos habitualmente. Era, como tantas otras veces en el pasado, un acuerdo entre jefes tribales, líderes religiosos y señores de la guerra bajo la preeminencia ideológica del sector más radicalizado del movimiento deobandi, que preconiza una versión muy rigurosa, rígida y conservadora del islam, la discriminación de sexo, la prohibición de la música y los juegos (las estrellas dejaron de surcar los cielos de Afganistán con los talibanes) y las ejecuciones y castigos públicos.
El movimiento nació a finales del siglo XIX y se extendió por Pakistán, Afganistán y otros países asiáticos. Actualmente, se encuentra fuertemente implantado en la región fronteriza pastún, entre Afganistán y Pakistán, y los talibanes surgieron de las escuelas deobandis de esa región.
En realidad, pues, la invasión no acabó con los talibanes, sino que estos se diluyeron entre una población que, en buena medida, comparte unos principios tradicionales similares a los suyos. Un país en el que, además, secularmente, los señores de la guerra y los líderes religiosos y tribales tienen más fuerza y credibilidad que las instituciones de un Estado que apenas existe más allá de los barrios residenciales de Kabul. Un ejemplo paradigmático es la ascendencia del general uzbeco Abdul Rashid Dostum, que controla con mano de hierro el norte del país. Primero luchó con el Ejército Rojo contra los muyahidines; después, contra los soviéticos; más tarde. contra los talibanes, y ahora, tras haber sido jefe de las fuerzas armadas y de un breve exilio en Turquía, Hamid Karzai lo ha incorporado a su candidatura a cambio de olvidar sus crímenes de guerra y del 10% de los votos que le garantiza.
Hoy, después de ocho años de esfuerzos militares, la realidad es que los talibanes tienen una presencia permanente en buena parte del país y que la democracia no ha arraigado. Difícilmente podía ser de otro modo, puesto que las tropas de la OTAN han fracasado en la reconstrucción de un país devastado por décadas de guerra, no pueden garantizar la paz en buena parte del territorio y sus acciones militares causan daños colaterales (el viernes murieron al menos 90 personas, la mayoría civiles, como consecuencia de un bombardeo de la OTAN en Kunduz) que provocan el rechazo de la población a la presencia de unas tropas progresivamente consideradas de ocupación.
Las fiestas organizadas por los guardias de seguridad en la embajada de EEUU en Kabul tampoco ayudan a mejorar la imagen de los extranjeros. Las elecciones presidenciales del pasado 20 de agosto, boicoteadas por los talibanes, no lograron ni tan solo llegar al 50% de la participación. Y es que, en las actuales circunstancias y mientras no exista una misión clara (reconstrucción y pacificación) para las tropas desplazadas a Afganistán, los talibanes tienen todas las de ganar. Se identifican y se ocultan entre la población y disponen de un vivero inagotable en las zonas fronterizas con Pakistán. Además, sin Estado no existe democracia posible, y con miseria, señores de la guerra, líderes tribales y religiosos y cultivo de opio no hay Estado.
Es por ello que las incidencias que han tenido las tropas españolas en Afganistán en los últimos días deberían constituir un serio punto de reflexión. No es un problema de si fueron delincuentes comunes (el incidente en el que resultó herido un sargento del Ejército español), como dijo la ministra de Defensa, Carme Chacón, o talibanes, porque con frecuencia los dos se confunden y son, al mismo tiempo, una cosa y la otra. La realidad es que, con la excepción de determinadas zonas de Kabul, las tropas extranjeras no pueden garantizar la seguridad mucho más allá de sus acuartelamientos sin exponerse a los ataques de los talibanes que utilizan las mismas emboscadas y técnicas militares que los muyahidines utilizaron contra el Ejército Rojo.
Tampoco el Gobierno de Karzai es capaz de garantizar un mínimo de seguridad: el pasado 2 de septiembre el número dos de los servicios secretos afganos perdió la vida en un atentado en Laghman.
En conclusión, a pesar de que Chacón estudia mandar más tropas a Afganistán, en las actuales circunstancias sería conveniente que, primero, se aclararan cuáles son los objetivos y la misión de las tropas españolas; segundo, que la decisión no dependa solo del Gobierno, sino que sea fruto de un amplio debate parlamentario en el que todas las fuerzas políticas expongan claramente su posición.
Esta reflexión es urgente, porque los mandos de los principales países implicados consideran que es preciso cambiar la estrategia militar en Afganistán: la acción terrestre es efectiva contra la insurgencia, pero provoca muchas bajas entre los soldados de la OTAN, con las consecuencias electorales correspondientes en los países implicados. Los bombardeos son efectivos, pero no discriminan entre población civil e insurgentes, lo cual incrementa el rechazo de los afganos a la presencia de tropas extranjeras. Este es el dilema, de difícil salida. Hay que ir con pies de plomo, no fuera el caso de que Afganistán acabara siendo el Vietnam de la OTAN, como le sucedió en la década de los años 80 del siglo XX al Ejército Rojo.
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