PACTO CONTRA LOS CIUDADANOS

Pacto contra los ciudadanos
19 jun 2011
El Público

JORGE FONSECA

El “Pacto por el Euro” fue presentado por el Consejo europeo como un pacto por “la competitividad y el empleo”, “la estabilidad financiera, las finanzas públicas y el euro”, como si un euro sobrevalorado fuese bueno para todos. En realidad es contrario a los intereses mayoritarios, pues destroza la competitividad de las empresas, especialmente pymes, que generan el 80% del empleo, porque el euro fuerte (dólar barato) encarece los productos locales y abarata los de fuera de Europa, provocando déficit comercial, ruina de empresas, desempleo y miseria para millones de trabajadores y una profunda recesión económica que reduce la recaudación impositiva y dispara el déficit y la deuda pública. Las únicas beneficiadas son las grandes transnacionales que deslocalizan su producción a China y otros países, comprando barato empresas locales gracias al euro fuerte y exportando desde allí hacia Europa y EEUU. Especialmente las alemanas, que en la década anterior a la crisis duplicaron su superávit comercial con EEUU.

La recesión y el desempleo masivo dispararon el impago de créditos e hipotecas, jaqueando a la banca que, después de años de especulación con hipotecas, acciones, materias primas y bonos de deuda pública y privada, (creando una burbuja financiera), se enfrentaba a pérdidas y al riesgo de no cobrar los bonos de deuda de los países más desvastados por el euro (Irlanda, Grecia, Portugal y España). Aunque con ayuda de las “agencias de calificación” seguían especulando con sus bonos, con ayuda del Banco Central Europeo (BCE) consiguieron masivas ayudas de dinero y avales de los Estados, que quedaron al borde de la quiebra.

En interés de la banca, el núcleo dominante en la Unión Europea y el FMI bajo la batuta de Alemania impusieron a los países afectados brutales recortes salariales y sociales y el aumento de impuestos al consumo para conseguir superávit que permita pagar la deuda, con un tremendo coste social y más recesión, creando un círculo vicioso de recesión-ajuste- más recesión-más ajuste.

El “Pacto por el Euro” busca garantizar ese ajuste y también mantener un euro sobrevalorado (nada justifica su revalorización del 50% respecto al dólar desde 2003) para beneficio conjunto de las transnacionales y la banca, que otorgó créditos en euros y tiene deudas en dólares, (por lo que, a euro más alto, más ganancia). El BCE, con el argumento absurdo de combatir la inflación, incluso cuando el riesgo es de deflación, en la crisis mantiene los tipos de interés cinco veces más altos que en EEUU, lo que atrae capitales especulativos y revaloriza el euro a costa de encarecer el crédito y acentuar la recesión. Para pagarla, los países con más deuda realizan una masiva privatización de activos públicos (en España desde la muy rentable Loterías del Estado, las Cajas de Ahorro, el abastecimiento de agua, hasta segmentos de la sanidad y la educación, bocados apetitosos que garantizan altas rentas). También bajan impuestos al capital, suben los del consumo y las tarifas de servicios, bajan salarios públicos y privados, reducen pensiones y aumentan los años de trabajo para jubilarse. El Pacto también exige “descentralizar la negociación colectiva” para reducir la fuerza de los sindicatos, y la “flexibilización laboral” para reducir derechos laborales. El “Pacto”, por tanto, es contra Europa y sus ciudadanos y provoca lo contrario a lo que pregona pues empeora la competitividad y multiplica la deuda, divide a los europeos y fortalece a la ultraderecha.

Quizás algunos empresarios crean que les beneficia, pero para la mayoría que vive del consumo interno, y principalmente para las pymes, es un espejismo, pues profundiza la crisis y expande la pobreza, destruyendo el presente y el futuro de generaciones enteras, pues provocará una década de estancamiento, como en América Latina en los ochenta, pues todo esfuerzo por mejorar competitividad es barrido por efecto del euro sobrevalorado.

Los países del Sur deberían exigir una devaluación programada del euro (hasta equipararlo al dólar), que ayudaría a su existencia. Y a la cohesión social, seriamente deteriorada. Además de un euro competitivo se requiere una reforma fiscal que combata el fraude fiscal (podrían obtenerse 50.000 millones), y grave a los 100.000 españoles que concentran un billón de euros de riqueza (con un impuesto del 5% aportarían otros 50.000 millones). También que elimine privilegios fiscales y prohíba operar en paraísos fiscales (el 80% de las empresas del Ibex35 lo hacen). La creación de una banca pública eficiente con control ciudadano a partir de las Cajas de Ahorro, en vez de privatizarlas, ayudaría a financiar un nuevo modelo productivo y un plan para recuperar la economía y la confianza de los ciudadanos, muy debilitadas. También hay que desandar la reforma laboral y la de pensiones, ayudar a familias al borde del desahucio en vez de a la banca y adoptar medidas que reactiven la economía (empleo público de parados para cumplir con la Ley de Dependencia, por ejemplo), y que combatan la exclusión social. Estas podrían ser las bases para una democracia auténtica que acabe con el totalitarismo de mercado, en el que el capital financiero suplanta a la voluntad ciudadana.

Jorge Fonseca es catedrático EU de Economía APlicada de la Universidad COmplutense y miembro del COnsejo Científico de Attac.

ALEMANIA DEBE DEFENDER EL EURO

Alemania debe defender el euro

Por George Soros, presidente de Soros Fund Management y del Open Society Institute. Traducido al español por Leopoldo Gurman (Project Syndicate, 11/08/11):

Los mercados financieros detestan la incertidumbre; por eso han entrado en modo de crisis. Los gobiernos de la eurozona han dado algunos pasos significativos en la dirección adecuada para resolver la crisis del euro, pero, obviamente, no avanzaron lo suficiente como para tranquilizar los mercados.

En su reunión del 21 de julio, las autoridades europeas aprobaron un conjunto de medidas parciales. Decidieron que su nueva agencia fiscal, el Fondo Europeo para la Estabilidad Financiera (EFSF), debe ocuparse de los problemas de solvencia, pero no aumentaron su tamaño. Esto no fue suficiente para establecer una autoridad fiscal creíble para la zona del euro. Y el nuevo mecanismo no entrará en funcionamiento al menos hasta septiembre. Mientras tanto, la disposición sobre liquidez del Banco Central Europeo es la única forma de evitar un colapso en el precio de los bonos emitidos por varios países europeos.

De igual forma, los líderes de la eurozona ampliaron las atribuciones del EFSF para incluir la solvencia de los bancos, pero no llegaron a transferir la supervisión de los bancos de las agencias nacionales a un organismo europeo. Y ofrecieron un paquete de ayuda ampliada a Grecia sin generar credibilidad sobre el éxito del rescate: organizaron la participación de los tenedores de bonos en el paquete de rescate griego, pero el acuerdo benefició más a los bancos que a Grecia.

Tal vez lo más preocupante es que Europa finalmente reconoció el principio –aceptado desde hace mucho tiempo por el FMI– de que los países en los programas de rescate no deben ser penalizados a través de las tasas de interés, pero ese mismo principio no se hizo extensivo a los países que aún no participan en los programas de rescate. Como resultado, España e Italia han tenido que pagar mucho más por su endeudamiento que lo que reciben de Grecia. Esto les da derecho a optar por salirse del rescate griego, planteando la perspectiva de que el paquete puede venirse abajo. Los mercados financieros, reconociendo esta posibilidad, aumentaron la prima de riesgo sobre los bonos españoles e italianos hasta niveles insostenibles. La intervención del BCE ayudó, pero no solucionó el problema.

La situación se está tornando intolerable. Las autoridades tratan de ganar tiempo, pero el tiempo se acaba. La crisis se acerca rápidamente a un punto culminante.

Alemania y los demás miembros de la zona del euro con calificaciones AAA deberán decidir si están dispuestos a arriesgar su propio crédito para permitir que España e Italia refinancien sus bonos a tasas de interés razonables. De lo contrario, España e Italia serán empujadas inexorablemente hasta caer en programas de rescate. En resumen, Alemania y los demás países con calificaciones de bonos AAA deben acordar algún tipo de régimen de eurobonos. De otra forma, el euro se vendrá abajo.

Debe reconocerse que una cesación de pagos o una salida desordenada de la eurozona, incluso de un país pequeño como Grecia, desencadenaría una crisis bancaria comparable a la que causó la Gran Depresión. Ya no se trata de si vale la pena mantener una moneda común. El euro existe y su colapso causaría pérdidas incalculables al sistema bancario. Por lo tanto, la elección a la que se enfrenta Alemania es más aparente que real: y es una decisión cuyo costo aumentará a medida que la posponga.

La crisis del euro tuvo su origen en la decisión de la canciller alemana Angela Merkel, tomada luego de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, estableciendo que la garantía contra futuras cesaciones de pagos sería responsabilidad individual de cada país y no de la Unión Europea. Y fue la pérdida de tiempo alemana que agravó la crisis griega y causó el contagio que la convirtió en una crisis existencial para Europa.

Solo Alemania puede revertir la dinámica de la desintegración europea. No será fácil: Merkel, después de todo, percibió correctamente el humor de los alemanes cuando tomó su fatídica decisión, y la atmósfera política interna desde entonces se ha tornado aún menos favorable a extender el crédito al resto de Europa.

Merkel puede superar la resistencia política solo en una atmósfera de crisis, y solo en forma gradual. El paso siguiente será ampliar el EFSF; pero, para cuando eso se logre, la calificación AAA francesa podría ya estar en peligro. De hecho, para cuando Alemania acepte un régimen de eurobonos, su propia calificación AAA podría verse comprometida.

La única forma en que Europa puede escapar de esta trampa es anticipando las reacciones de los mercados financieros en vez de ceder ex post a sus presiones. Esto exigirá un intenso debate e introspección, especialmente en Alemania que, siendo la mayor y mejor calificada economía de la UE, se ha visto colocada en la posición de decidir el futuro de Europa.

Es un rol que Alemania ha evitado intensamente y que continúa sin deseos de aceptar. Pero la decisión para Alemania verdaderamente no es tal. Una ruptura del euro precipitaría una crisis bancaria que superaría la capacidad de control de las autoridades financieras mundiales. Cuanto más demore Alemania en reconocer esto, mayor será el precio que deberá pagar.

¿POR QUÉ LA CRISIS ACTUAL?

¿Por qué la crisis actual?

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 11 de agosto de 2011

Este artículo explica la causa de la llamada crisis de la deuda pública que se basa en la vulnerabilidad de los Estados de la Eurozona frente a la especulación de los mercados financieros. Esta vulnerabilidad es consecuencia de como se estableció el euro, con la creación de un Banco Central Europeo que, en realidad, no ejerce las funciones de un banco central. La respuesta de los Estados a la especulación financiera es el debilitamiento del Estado del Bienestar y de la protección social, como resultado del enorme poder del capital financiero.

Cuando el presidente Richard Nixon decidió finalizar el Acuerdo de Bretton Woods, que había establecido el dólar como punto de referencia monetaria en el comercio internacional, se creó una enorme inestabilidad monetaria que impactó negativamente sobre el crecimiento económico mundial. La gran variablidad en el precio de las monedas dificultó el comercio internacional. Esta variabilidad afectó especialmente a los países que, como España, tenían una moneda débil (la peseta). Al empresario textil de Sabadell que exportaba sus productos, por ejemplo, a Alemania, le era difícil planificar su venta al mercado alemán porque no sabía cuál sería el valor del cambio del marco con la peseta a medio y largo plazo.

De ahí que, en parte como respuesta al colapso de Bretton Woods, se estableciera el euro en la mayoría de países de la Unión Europea. Con ello se eliminó la variabilidad del precio de la moneda y desapareció la posibilidad de que los mercados financieros especularan en base a esta variabilidad. Ya no se podría especular frente a la peseta pues esta dejó de existir, sustituida por el euro, una moneda más fuerte que se convirtió en la moneda de la comunidad de países de mayor peso económico en la Unión Europea (excepto Reino Unido). Pero en la manera en como se construyó el euro se establecieron las bases para que apareciera otro tipo de especulación, basada, no en la variabilidad del precio de las monedas, sino en la del precio de la deuda pública (y de sus intereses) entre los países de la eurozona. El modelo establecido conllevó que los estados de tales países no podían protegerse frente a la especulación. Se prohibió que los bancos centrales de tales países pudieran imprimir dinero y con ello comprar su propia deuda pública, que es lo que hace un banco central frente al peligro de la especulación. Cuando los mercados financieros quieren crear una percepción de crisis, promueven la idea (por parte de sus instrumentos: las agencias de valoración de la deuda pública) de que la deuda pública de un Estado no es muy segura, y con ello incrementan los intereses de los bonos que los bancos y otras instituciones financieras compran (forrándose así). Lo que los estados tienen que hacer frente a esta situación es que su banco central imprima dinero y compre mucha deuda pública propia, forzando una bajada de intereses.

Pero esto es lo que se prohibió a los países de la eurozona. A partir del establecimiento del euro, fue el mal llamado Banco Central Europeo (BCE) el único que podía imprimir dinero (los bancos centrales de los países de la eurozona no podían hacerlo). Y el BCE prestaba dinero a unos intereses bajísimos, a un 1%, a los bancos, pero no a los estados. Es más, al BCE no se le permitía tampoco comprar deuda pública de los estados. Y en el caso excepcional de que se viera forzado a hacerlo, como ahora, lo hacía comprando deuda pública a los bancos, a unos intereses elevadísimos. Era y es una práctica enormemente beneficiosa para la banca. Reciben dinero casi gratis (1% de interés) y con ello compran deuda pública con intereses muy elevados (6% en el caso de España) ingresando enormes cantidades de dinero público. Es la mayor transferencia de fondos del sector público al privado existente actualmente en cualquier país de la eurozona y ello como consecuencia de que el BCE no es un banco central, sino un enorme lobby de la banca (y muy en especial de la alemana y francesa). Con todo ello, los estados se han quedado totalmente desprotegidos frente a la especulación de su deuda pública por parte de los mercados financieros.

Un elemento clave para que se ejerza tal especulación son las agencias de rating (ver mi artículo La supeditación de las instituciones representativas a la banca, en www.vnavarro.org), de las cuales Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch son las más importantes. Estas agencias son meros instrumentos de los bancos y de las grandes entidades financieras. Indicadores de ello hay muchos. Uno de ellos es la evaluación con la categoría de máxima calidad de unos productos financieros que eran auténtica basura, y lo hacían horas antes de que se mostrara que tales productos eran, en realidad, de valor nulo, convirtiéndose en tóxicos para todo el sistema financiero.

El último ejemplo es la evaluación negativa por parte de Standard & Poor’s de los bonos públicos del Estado federal de EEUU (desvalorizando su categoría) como medida de presión para que el Gobierno federal recorte el gasto público y privatice la Seguridad Social. Tal rebaja del bono público se justificó con una proyección de la deuda pública basada en un error matemático que, ni más ni menos, dobló la cifra real de la deuda pública existente. Cuando a Standard & Poor’s se le comunicó el error, corrigió la cifra, reduciéndola por la mitad, sin variar sin embargo su rebaja de la valoración de los bonos, mostrando la naturaleza política y no científica de su valoración. Tales agencias carecen de credibilidad. En realidad, la demanda de bonos públicos del Estado federal ha aumentado después de que la agencia Standard & Poor’s rebajara su valor, dato que muestra su pérdida de credibilidad.

Por otra parte, la reducción del gasto público que se está exigiendo reducirá el crecimiento económico y con ello los ingresos al Estado, en una cantidad que es idéntica a la que tales recortes intentan conseguir, con lo cual, el Estado federal no conseguirá ningún ingreso o ahorro neto con los recortes. La crisis actual es una crisis artificial, creada para satisfacer los intereses del capital financiero en su intento de desmantelar el Estado del bienestar, privatizándolo. Es el ataque más frontal que haya existido en contra de la protección social, tanto en la UE como en EEUU. Este es el objetivo de la crisis.

CAMBIAR EL SISTEMA

Nº: 190 Agosto 2011

Cambiar el sistema

Ignacio Ramonet

Le Monde diplomatique, versión digital española.

Los eurófilos más extasiados lo machacan sin cesar: si no dispusiéramos del euro, dicen, las consecuencias de la crisis serían peores para muchos países europeos. Divinizan un euro “fuerte y protector”. Es su doctrina y la defienden fanáticamente. Pero lo cierto es que tendrían que explicarles a los griegos (y a los irlandeses, a los portugueses, a los españoles, a los italianos y a tantos otros ciudadanos europeos vapuleados por los planes de ajuste) qué entienden por “consecuencias peores”... De hecho, estas consecuencias son ya tan insoportables socialmente que, en varios países de la eurozona, está subiendo, y no sin argumentos, una radical hostilidad hacia la moneda única y hacia la propia Unión Europea (UE).

No les falta razón a estos indignados. Porque el euro, moneda de 17 países y de sus 350 millones de habitantes, es una herramienta con un objetivo: la consolidación de los dogmas neoliberales (1) en los que se fundamenta la UE. Estos dogmas, que el Pacto de Estabilidad (1997) ratifica y que el Banco Central Europeo (BCE) sanciona, son esencialmente tres: estabilidad de los precios, equilibrio presupuestario y estímulo de la competencia. Ninguna preocupación social, ningún propósito de reducir el paro, ninguna voluntad de garantizar el crecimiento, y obviamente ningún empeño en defender el Estado de bienestar.

Con la vorágine actual, los ciudadanos van entendiendo que tanto el corsé de la Unión Europea, como el propio euro, han sido dos añagazas para hacerles entrar en una trampa neoliberal de la que no hay fácil salida. Se hallan ahora en manos de los mercados porque así lo han querido explícitamente los dirigentes políticos (de izquierda y derecha) que, desde hace tres decenios, edifican la Unión Europea. Ellos han organizado sistemáticamente la impotencia de los Estados con el fin de conceder cada vez más espacio y mayor margen de maniobra a mercados y especuladores.

Por eso se decidió (a insistencia de Alemania) que el BCE fuese “totalmente independiente” de los Gobiernos (2). Lo cual concretamente significa que queda fuera del perímetro de la democracia. De ese modo, ni los ciudadanos ni los Gobiernos elegidos por éstos pueden entorpecer sus opciones liberales.

Hoy, esas características (impotencia de los políticos, independencia del BCE) son en parte responsables de la incapacidad europea para resolver el drama de la deuda griega. La otra causa es que, bajo su aparente unidad, la UE (en este caso particular la eurozona) está profundamente dividida en dos bandos casi irreconciliables: por una parte, Alemania y su área de influencia (Benelux, Austria y Finlandia); por la otra: Francia, Italia, España, Irlanda, Portugal y Grecia.

El origen de la deuda griega (como el de la de los demás países periféricos afectados por la crisis de la deuda soberana, incluida España) es conocido. Cuando Grecia fue admitida en la zona euro (3), las instituciones financieras consideraron inmediatamente que este pequeño Estado presentaba, a pesar de su evidente fragilidad y de sus escasos recursos, todas las garantías necesarias para recibir créditos masivos y baratos. Llovieron sobre Atenas ofertas de financiación a tipos de interés de ganga, en particular por parte de bancos alemanes y franceses que incitaron a los gobernantes helenos a endeudarse a bajo coste y a largo plazo para adquirir principalmente material militar (4) alemán y francés...

Cuando estalla la crisis financiera de 2008 (llamada “de las subprimes”), ésta se extiende rápidamente al sector bancario europeo. Los establecimientos financieros carecen pronto de liquidez y restringen drásticamente el crédito. Lo que amenaza con asfixiar el conjunto de la economía. Para evitarlo, los Estados ayudan masivamente a la banca. Y la salvan. Para ello, se endeudan aún más comprando dinero en el mercado internacional (ya que el BCE se niega a ayudarlos). Ahí, de repente, intervienen las agencias de calificación que sancionan el excesivo endeudamiento de los Estados (¡realizado para salvar a los bancos!)... Inmediatamente los tipos de interés de los préstamos a los Estados más endeudados se disparan... Y se produce la crisis de la deuda soberana.

En sí misma, la deuda griega es insignificante si se tiene en cuenta que el PIB de Grecia representa menos del 3% del PIB de la eurozona. El problema, técnicamente, podía haberse resuelto hace ya más de un año sin gran dificultad. Pero el gobierno conservador alemán, que enfrentaba entonces unas complicadas elecciones locales (finalmente perdidas), estimó que no sería moralmente justo que los griegos, acusados de “corrupción” y de “laxismo”, saliesen tan rápidamente del mal paso. Había que castigarlos para que no cundiese “el mal ejemplo”.

Una ayuda demasiado rápida a Atenas, declaró Angela Merkel, “tiene el efecto negativo de que otros países en dificultades podrían dejar de hacer esfuerzos” (5). Por eso, con el apoyo de sus aliados, Berlín empezó a poner pegas de todo tipo. Dejando pasar los meses.

Plazo que los mercados, excitados por el desacuerdo político europeo, aprovecharon para cebarse en Grecia. Todo se complicó entonces. Finalmente, Alemania acabó por aceptar un (incompleto) plan de ayuda con una condición: que participase en él el Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Por qué? Por dos razones. Primero porque se estimaba que las instituciones europeas carecían de un verdugo lo suficientemente severo para escarmentar a los griegos. Segundo, porque la especialidad del FMI, desde hace cuarenta años, consiste en exigir siempre esfuerzos antisociales a los países endeudados. Sus recetas (aplicadas con saña en América Latina durante los años 1970 y 1980) son siempre las mismas: alza de las tasas al consumo, recortes brutales de los presupuestos públicos, estricto control de los salarios, privatizaciones masivas...(6).

El Gobierno de Papandreu tuvo que resignarse a adoptar un salvaje plan de austeridad. Pero el mal estaba hecho. El ritmo de la política europea es lento y largo, cuando el de los mercados es inmediato. Los especuladores entendieron que la Unión Europea era un gigante sin cerebro político, y el euro una “moneda fuerte” con estructura débil (no hay ejemplo en la historia, de una moneda que no esté encuadrada por una autoridad política). Atacaron a Irlanda, pasó lo mismo y volvieron a ganar. Atacaron a Portugal e ídem. Atacaron a España y a Italia, y los Gobiernos de estos países se apresuraron a autoimponerse las impopulares recetas del FMI.

Por toda Europa se extiende ahora la “doctrina de la austeridad expansiva”, que sus propagandistas presentan como un elixir económico universal cuando en realidad está causando un estrepitoso daño social. Peor aún, esas políticas de recortes agravan la crisis, asfixian a las empresas de todo tamaño al encarecer su financiación, y entierran la perspectiva de una pronta recuperación económica. Empujan a los Estados hacia la espiral de la autodestrucción, sus ingresos se reducen, el crecimiento no arranca, el paro aumenta, las (impresentables) agencias de calificación rebajan su nota de confianza, los intereses de la deuda soberana aumentan, la situación general empeora y los países vuelven a solicitar ayuda (7). Tanto Grecia, como Irlanda y Portugal –los tres únicos Estados “ayudados” hasta ahora por la Unión Europea (mediante el Fondo Europeo de Estabilización) y el FMI– han sidos precipitados, por los que Paul Krugman llama los “fanáticos del dolor” (8), a ese fatal tobogán.

Y el “Pacto del euro”, establecido en marzo pasado, tampoco resuelve nada. En realidad es una vuelta de tuerca suplementaria a la austeridad, un acuerdo “de competitividad” que prevé más recortes del gasto público, más medidas de disciplina fiscal, y penaliza principalmente –de nuevo– a los asalariados. Con amenazas de sanciones a los Estados que no cumplan el Pacto de Estabilidad (9). Propone la tutela de la deuda pública y un ritmo fijo de reducción, o sea: una limitación de la soberanía. “Los países europeos deben ser menos libres de emitir deuda”, afirma, por ejemplo, Lorenzo Bini Smaghi, miembro del directorio del BCE. Algunos eurócratas van más lejos, proponen que se le retire a un gobierno que no haya respetado el Pacto de Estabilidad, la responsabilidad de dirigir sus propias finanzas públicas...

Todo esto es absurdo y nefando. El resultado es una sociedad europea empobrecida en beneficio de la banca, de las grandes empresas y de la especulación internacional. Por ahora la legítima protesta de los ciudadanos se focaliza contra sus propios gobernantes, complacientes marionetas de los mercados. ¿Qué pasará cuando se decidan a concentrar su ira contra el verdadero responsable, o sea el sistema, es decir: la Unión Europea?

(1) Definidos en los Tratados de Maastricht (1993), de Amsterdam (1999), de Niza (2003) y de Lisboa (2009).

(2) Entre otras limitaciones, el BCE no puede prestar dinero a los Estados, sólo a la banca privada.

(3) Merced a un balance de su situación económica falseado y maquillado por el anterior gobierno conservador con la ayuda del banco estadounidense Goldman Sachs.

(4) Grecia es el principal importador de material militar de la Unión Europea, y el Estado que consagra a su defensa (por razones de rivalidad con Turquía) el mayor porcentage de su PIB.

(5) El País, Madrid, 18 de julio de 2011.

(6) Léase Philippe Askenazy, “L’austérité imposée à la Grèce, de Charybde en Scylla”, Le Monde, París, 19 de juliode 2011.

(7) Aunque ha sido recibido con alivio por la prensa neoliberal, el nuevo plan de rescate a Grecia, anunciado el pasado 21 de julio, de poco servirá. Los mercados y los fondos buitres han olido la sangre y no detendrán sus ataques mientras no se les frene con auténticos cambios estructurales.

(8) Paul Krugman, “Cuando la austeridad falla”, El País, Madrid, 24 de mayo de 2011.

(9) Que fija el límite para el déficit presupuestario en un 3% del PIB, y el de la deuda soberana en un 60% del PIB.

FINANCIACIÓN DE LAS JMJ:Entrevista a Fernando Giménez Barriocanal.

Fernando Giménez Barriocanal (Madrid, 1967) es gerente de la Conferencia Episcopal, presidente y consejero delegado de la Cadena Cope y desde hace un par de años también director financiero de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). En una entrevista concedida a Laura Danielle para el diario Abc, asegura que tres de cada cuatro euros que cuesta la JMJ lo aportan los peregrinos y el resto lo aportan empresas y particulares. Barriocanala afirma que no hay dinero público en la financiación.

25/07/11


(Laura Danielle/Abc) Su trabajo dentro de la Iglesia se ha caracterizado siempre por la eficacia, la transparencia y la austeridad. Tres criterios que marcan ahora la organización de este encuentro, que se celebrará el próximo mes de agosto en Madrid y que contará con la presencia del Papa.

-A menos de un mes de la visita de Benedicto XVI, ¿se mantiene el presupuesto inicial de 50 millones de euros para organizar la JMJ?

Aproximadamente. Nosotros pensamos que, sin contar lo que es la manutención de cada uno de los peregrinos, vamos a estar en torno a los 50 millones de euros de ingreso y de gasto.

-¿De dónde provienen los fondos?

Tres de cada cuatro euros los aportan los propios peregrinos, por lo que no supone ningún coste para el contribuyente. El resto proviene de empresas y particulares, ya sea a través de patrocinios o de donativos que realiza la gente. Lo importante es que todo es dinero privado, no hay dinero público en la financiación de la JMJ.

-Si la mayor parte la aportan los peregrinos, ¿el número actual de inscritos garantiza ese porcentaje de financiación de la JMJ?

Probablemente sí. A día de hoy podemos decir que cerca del 80% de los peregrinos ya han realizado las contribuciones, lo cual nos permite tener casi el 85% de la financiación necesaria para la realización del evento. Todavía resta un 15%, por lo que seguimos necesitando que la gente haga aportaciones, que haya donativos, más colaboración empresarial y que los peregrinos se sigan inscribiendo.

—La Iglesia ha recibido muchas críticas por el marco de grave crisis económica en la que se celebra la JMJ...

—Yo creo que los que opinan eso no se dan cuenta de que están tirando piedras contra su propio tejado. La JMJ es una enorme oportunidad desde el punto de vista económico. Hay que pensar que mucha gente viene de fuera y aporta ingresos. Hay que pensar que va haber miles de hosteleros de Madrid y alrededores que van a obtener importantes ingresos gracias a todos los que vienen a la JMJ. Lo que no hay en la JMJ son gastos suntuosos, ni despilfarros y sí una enorme transparencia en la gestión y el control de los recursos.

—¿Cómo son esos controles?

—En primer lugar, un presupuesto muy detallado de cantidades máximas por cada uno de los conceptos. Eso quiere decir que tenemos previsto hasta cuántas flores van en cada escenario y su presupuesto. Eso es muy importante. En segundo lugar, muchos de los grandes contratos han salido a concurso público y publicados en la web de la JMJ para que las empresas que querían participar lo pudieran hacer. En tercer lugar, en los contratos menores se ha acudido a los especialistas para pedirles presupuesto. También se han rechazado empresas que han podido estar vinculadas con algún tipo de operación que pudiéramos pensar que no estaban en consonancia con la JMJ. Intentamos hacerlo de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que vamos a ser auditados por una firma internacional y que nos ha pedido que establezcamos estos controles.

—¿Es la primera vez que se va a auditar una JMJ?

—Sí. Por eso, tenemos toda la documentación a disposición para que quede muy claro que cada euro que se ha gastado la JMJ tiene justificación.

—En este contexto de crisis, ¿las empresas y los particulares se han volcado para ayudar a este evento?

—Creo que hay que ser realista, las empresas en general están en una situación difícil y eso provoca que no haya muchas alegrías en ese sentido, pero todo el mundo tiene una enorme sensibilidad y eso también hay que agradecerlo. También hay que agradecer el papel que ha hecho la Fundación Madrid Vivo. Por último, es encomiable la multitud de donativos pequeños que se reciben de personas anónimas.

—Algunos partidos políticos y sectores de la sociedad piensan el coste de la JMJ va a ser asumida por los contribuyentes o por el Estado ¿Cuál es concretamente la ayuda que se recibe del Estado y de las administraciones públicas?

—El Estado y las administraciones públicas contribuyen en garantizar el orden público como hacen en cualquier otro evento porque es un mandato constitucional. También nos ofrecen aquellas instalaciones y servicios que ya tiene el Estado, como los colegios y los polideportivos, pero entendiendo que todos aquellos consumos que se realicen con motivo de la JMJ son costeados por la organización de la JMJ. En tercer lugar, el evento ha sido declarado, junto a otros quince, de excepcional interés dentro la Ley de Presupuesto, lo cual implica que las empresas que anuncian y ponen el logo de la JMJ o donan dinero se pueden deducir una parte de sus impuestos. Para que nos hagamos una idea, la JMJ va a consumir aproximadamente el 8% de los recursos que va a perder el Estado por este motivo, mientras que el 92% restante corresponde a los demás eventos que han sido declarados de excepcional interés y de los cuales la gente no protesta. Lo importante es que la JMJ tendrá coste cero para el contribuyente.

—¿Y los beneficios?

—Gracias a la JMJ probablemente habrá menos déficit público este año porque los ingresos que se van a generar al Estado por recurso IVA, por ingresos turísticos, por impuesto sobre sociedades de las empresas, que van a facturar y que luego van a pagar impuestos, son inmensamente superiores a los beneficios fiscales que pueden estar en torno a los 15 y los 30 millones de euros, que es lo van a desgravar las empresas en el mejor de los casos. En cambio, los recursos por IVA, sociedades y demás que se van a generar pueden ser más del doble. Por tanto no va a tener coste para el contribuyente sino que gracias a la JMJ va a haber más ingresos para las administraciones públicas este año. Es un buen negocio para las administraciones públicas y para las empresas.

—Las JMJ de Sidney o Colonia ¿Siguieron este modelo de financiación?

—En este caso no hemos solicitado una subvención directa de las administraciones públicas porque hemos pensado que con todo lo que ponían a nuestra disposición era más que suficiente.

-Eso quiere decir que las subvención directa del Estado sí se ha utilizado para otras JMJ

Sí, sin duda. Nuestro modelo es mucho más austero y que de alguna manera hace recaer el coste de la JMJ sobre la sociedad civil.

- ¿Hay que pagar para ver al Papa?

Para ver al Papa no habido que pagar nunca ni va a haber que pagar en esta ocasión. Los actos de Cibeles y Recoletos son abiertos. Y en Cuatro Vientos hemos habilitado unas parcelas para que los inscritos —primando aquellos que vienen de países con menos recursos— estén lo más cerca posible del Papa. Pero también hemos habilitado grandes zonas para que cualquiera que quiera venir pueda hacerlo. Sería estupendo que contribuyeran porque todo cuesta dinero, pero todo el mundo que quiera ver al Papa será bienvenido. Es más, hay que animar a todos para que vengan y escuchen lo que el Papa nos quiere decir.

CREDIBILIDAD, DESCARO Y DEUDA.

Martes 09-08-2011 12:22

El PAÍS

Credibilidad, descaro y deuda

PAUL KRUGMAN

09-08-2011

Para entender el furor que ha causado la decisión de la agencia de calificación de riesgos financieros Standard & Poor's (S&P) de rebajar la deuda del Gobierno estadounidense hay que tener en cuenta dos ideas en apariencia contradictorias, aunque realmente no lo sean. La primera es que Estados Unidos ya no es de hecho el país estable y fiable que era antes. La segunda es que el propio S&P tiene todavía menos credibilidad; es el último sitio al que uno debe acudir para obtener una opinión sobre las perspectivas de nuestro país.

Empecemos por la falta de credibilidad de S&P. Si hay una palabra que describa la decisión de la agencia de rebajar la calificación de Estados Unidos, esa palabra es descaro, tradicionalmente definido por el ejemplo del joven que mata a sus padres, y luego implora piedad porque es huérfano.

Después de todo, el elevado déficit presupuestario de Estados Unidos es consecuencia fundamentalmente de la recesión económica que siguió a la crisis financiera de 2008. Y S&P, junto con otras agencias de calificación hermanas, desempeñó un papel importante en la causa de esa crisis, ya que otorgó calificaciones triple A a activos respaldados por hipotecas que desde entonces se han convertido en residuos tóxicos.

Y la falta de criterio no termina ahí. S&P es tristemente famosa por haber dado a Lehman Brothers, cuyo hundimiento desató un pánico mundial, una calificación A hasta el mismísimo mes de su defunción. ¿Y cómo reaccionó la agencia después de que esta empresa con calificación A quebrara? Emitiendo un informe en el que negaba que hubiera hecho algo mal.

¿Y esta gente está dictaminando ahora la solvencia de los Estados Unidos de América?

Esperen, que la cosa se pone mejor. Antes de rebajar la deuda estadounidense, S&P envió un borrador preliminar de su nota de prensa al Tesoro de Estados Unidos. Los funcionarios del Tesoro rápidamente detectaron un error de dos billones de dólares en los cálculos de S&P. Y el error era la típica cosa que cualquier experto presupuestario debería haber hecho correctamente. Después de deliberarlo, S&P reconoció que se había equivocado, y bajó de todos modos la calificación de Estados Unidos, después de eliminar parte del análisis económico de su informe.

Como explicaré dentro de un minuto, no hay que dar demasiada importancia a esos cálculos presupuestarios en ningún caso. Pero el episodio difícilmente inspira confianza en el criterio de S&P.

En términos más generales, las agencias de calificación nunca nos han dado ninguna razón para tomarnos en serio su opinión sobre la solvencia nacional. Es cierto que la calificación de los países en situación de impago por lo general había sido rebajada antes del hecho. Pero en esos casos las agencias de calificación se limitaban a seguir a los mercados, que ya se habían vuelto contra estos deudores problemáticos.

Y en esos raros casos en los que las agencias de calificación han rebajado la calificación de países que, como Estados Unidos ahora, siguen contando con la confianza de los inversores, se han equivocado sistemáticamente. Pensemos, en concreto, en el caso de Japón, cuya calificación S&P rebajó en 2002. Pues bien, nueve años después, Japón sigue pudiendo pedir préstamos baratos con toda libertad. De hecho, el viernes, el tipo de interés de los bonos japoneses a 10 años era de solo un 1%.

Por eso no hay ninguna razón para tomarnos en serio la rebaja de calificación del viernes. Son los últimos de cuya opinión debemos fiarnos.

Y sin embargo, Estados Unidos tiene en efecto graves problemas. Estos problemas tienen muy poco que ver con la aritmética presupuestaria a corto plazo y ni siquiera a medio plazo. El Gobierno de Estados Unidos no está teniendo ninguna dificultad para pedir préstamos y cubrir su déficit actual. Es cierto que estamos acumulando deuda, por la cual acabaremos teniendo que pagar intereses. Pero si de hecho hacen la operación de recitar números altos con su mejor voz de doctor malvado, descubrirán que hasta unos déficits muy elevados a lo largo de los próximos años tendrán un impacto extraordinariamente pequeño en la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos.

No, lo que hace que Estados Unidos parezca poco de fiar no son las matemáticas presupuestarias, sino la política. Y, por favor, ahorrémonos las declaraciones habituales de que la culpa es de los dos. Nuestros problemas son casi enteramente cosa de uno. Concretamente, se deben al auge de una derecha extremista que está dispuesta a crear crisis repetidas antes que ceder un ápice en sus demandas.

La verdad es que desde el punto de vista de la economía pura, los problemas fiscales de Estados Unidos, que ya vienen de antiguo, no deberían ser tan difíciles de arreglar. Es cierto que el envejecimiento de la población y la subida de los costes sanitarios, con la política actual, harán que el gasto aumente más rápidamente que la recaudación de impuestos. Pero Estados Unidos tiene unos costes sanitarios mucho más elevados que ningún otro país avanzado, y unos impuestos muy bajos según criterios internacionales. Si pudiésemos acercarnos aunque solo fuera un poco a las normas internacionales en estos dos frentes, se resolverían nuestros problemas presupuestarios.

Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Pues porque en este país tenemos un poderoso movimiento político que, ante los modestos esfuerzos para emplear los fondos de Medicare de forma más eficaz, clamaba que nos amenazaban "paneles de la muerte", y prefería arriesgarse a una catástrofe financiera antes que acceder siquiera a un céntimo de ingresos adicionales.

La verdadera incógnita a la que se enfrenta Estados Unidos, incluso en términos puramente fiscales, no es si recortaremos un billón aquí y allí de los déficits. Es si los extremistas que ahora bloquean cualquier clase de política responsable pueden ser derrotados y marginados.

EL BANCO CENTRAL EUROPEO NO ES UN BANCO CENTRAL: AHÍ ESTÁ EL PROBLEMA DE LA CRISIS DE LA DEUDA PÚBLICA.

El Banco Central Europeo no es un banco central: ahí está el problema de la crisis de la deuda pública



Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 8 de agosto de 2011

Este artículo señala que la especulación frente a la deuda pública de los países de la Eurozona es, en gran parte, resultado de cómo se estructuró el euro y el rol del BCE que no actúa como un Banco Central, desprotegiendo a los Estados y a su deuda pública.

Una de las áreas donde existe mayor confusión, no sólo en las páginas de los mayores rotativos, sino también de la prensa económica, es creerse que el Banco Central Europeo (BCE) es un Banco Central. Esta confusión imposibilita entender el mal llamado problema de la deuda pública de España (y de Grecia, Portugal, Irlanda y, ahora también, de Italia) y la enorme crisis que estamos sufriendo.

Pero comencemos subrayando que las recetas neoliberales que se están aplicando en España y en los otros países de la periferia de la Eurozona son profundamente negativas y dificultarán cada vez más que España y los otros países salgan de la crisis. España ha estado siguiendo cada una de las instrucciones del establishment europeo (la “troika” constituida por el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo), incluyendo medidas de gran austeridad de gasto publico, medidas todas ellas que se han presentado como necesarias para salir de la crisis sin que hayan conseguido lo que teóricamente se espera de ellas. Como resultado de ello la economía española continúa estancada. Dirigiendo esta campaña ha estado el Banco Central Europeo, cuyo objetivo (nunca explicitado) es reducir la protección social y debilitar a la Europa Social ¿Por qué? Para responder a esta pregunta hay que entender que el Banco Central Europeo no es, a pesar de su nombre, un banco central.

Un Banco Central tiene como misión comprar la deuda pública del Estado donde el Banco Central está asentado, protegiéndola frente a los especuladores (los llamados “mercados financieros”). Cuando el Banco Central detecta que los mercados financieros están especulando contra la deuda pública del país, propagando el mensaje de que la deuda pública tiene alto riesgo (y así incrementar los intereses de esta deuda, con lo cual los bancos y otras instituciones financieras especuladoras consiguen mayores beneficios), el Banco Central compra mucha deuda pública, asegurándose que los intereses de tal deuda no suban y los mercados no puedan crear la sensación de riesgo (de que la deuda no se podrá pagar) que es lo que los mercados siempre intentan crear para conseguir intereses más altos y más ganancia.

Pues bien, el Banco Central Europeo no hace esto en la Eurozona. En realidad, el BCE tiene prohibido comprar deuda pública de los Estados miembros de la Eurozona, lo cual quiere decir que tales Estados están totalmente desprotegidos frente a los especuladores. Es cierto que el establecimiento del euro ha eliminado la especulación monetaria (que se basa en el cambio de valor de la moneda de un país a otro). En España, por ejemplo, ya no hay la especulación frente a la peseta. Pero, al eliminar tal tipo de especulación como consecuencia de haberse eliminado la variabilidad del precio de la moneda (con el establecimiento del euro) se abrió este otro tipo de especulación: la especulación contra la deuda pública. Los Estados de la Eurozona cuyos Bancos Centrales no pueden ahora comprar su propia deuda pública tienen un problema grave, pues pierden una baza muy importante para prevenir al Estado frente a la especulación. Y para debilitarlo todavía más, el mal llamado Banco Central Europeo tampoco puede comprar sus bonos públicos. Esta es una situación muy grave, pues los Estados no tienen ninguna protección frente a la especulación sobre su deuda pública. (Nota aclaratoria: el BCE ha comprado últimamente deuda pública, pero lo ha hecho muy poco y a regañadientes).

Pero la situación es incluso peor. Veamos porque. Cuando un Estado, como EEUU o Gran Bretaña, tiene falta de recursos, su Banco Central imprime dinero y con ello compra deuda pública. El Banco Central Europeo, sin embargo, no provee liquidez (es decir, dinero) a los Estados, sólo puede proveerla a los bancos. Y así hace siempre, como ahora. Quiere salvar a los bancos, pero no a los estados. El lector puede ver entonces lo súper vulnerables que están los Estados para defenderse. No pueden imprimir dinero ni pueden comprar su propia deuda.

Todo ello se debe al enorme poder de los bancos. Sólo son los bancos lo que pueden recibir liquidez (es decir dinero) del Banco Central Europeo, y son los bancos los que compran con tal liquidez los bonos públicos, compra que les es más rentable en la medida que los bonos públicos tienen intereses más altos (lo que llaman bonos de alto riesgo). De ahí que las agencias de rating, instrumentos de la banca (ver mi artículo “La supeditación de las instituciones representativas a la banca: el caso de las agencias de rating”, El Plural, 02.08.11), están catalogando y definiendo la deuda pública de los Estados periféricos de la Eurozona como muy poco seguros, con lo cual se están forrando de dinero a costa de los Estados que están ahogados debido a las enormes cantidades que tienen que pagar a la banca privada. Estamos así viendo la mayor transferencia de dinero público a la banca privada nunca antes vista en la historia reciente de estos países. (Aclaración: utilizo el término “banca” para definir las instituciones financieras que vehículan la mayoría de instrumentos especulativos a través de las instituciones bancarias o instituciones relacionadas con ellas).

De lo que he escrito se deriva que estos países periféricos de la Eurozona no pueden defenderse de la especulación. Y lo que está ocurriendo es un indicador de ello. A pesar de los enormes sacrificios impuestos a las poblaciones de los países periféricos de la Eurozona, la deuda pública se tiene que vender a unos intereses elevadísimos que se pagan a costa de reducir el gasto público social que financia su ya escasamente financiado Estado del Bienestar. Y los dogmáticos neoliberales que están causando tanto daño continúan con sus recetas, con la arrogancia del talibán que se cree victorioso yendo de derrota en derrota. Tienen grandes cajas de resonancia en España y continúan insistiendo en que España no sale de la crisis porque no recorta su gasto público suficientemente. Y así se va debilitando la España Social (y la Europa Social).

¿Por qué este diseño del Banco Central Europeo?

El BCE y la estructura de la Eurozona se habían creado para dar estabilidad monetaria a la Eurozona cuando el tratado Bretton Woods se colapsó. Cuando el Presidente Nixon de EEUU decidió terminar con tal tratado, se creó una gran inestabilidad monetaria. De ahí que se creara el euro para evitar las enormes fluctuaciones en el precio de las monedas existentes en Europa y que daban pie a una enorme especulación monetaria. Y se consiguió.

Pero, tal como indiqué en los párrafos anteriores, la manera como se estableció el euro creó las bases para generar la especulación sobre la deuda externa. De la variabilidad del precio de las monedas (variabilidad que desapareció) se pasó a la variabilidad en los precios de los bonos, y de ahí a la especulación. Los beneficios del capital financiero se deben principalmente en esta especulación, que se basa en la variabilidad de los precios, desde la vivienda a los alimentos, incluyendo ahora los bonos. Los mercados financieros pasan de burbuja a burbuja, y ahora están en la burbuja de la deuda pública.

Por cierto, otra enorme confusión que también se reproduce en los medios es la de subrayar que estos recortes de gasto público están contribuyendo a salvar al euro. Esto no es necesariamente así. El euro es muy poderoso (en realidad, demasiado poderoso para el beneficio de la economía productiva) y probablemente continuará estándolo. El problema es que los Estados periféricos no pueden pagar los intereses de la deuda pública, es decir, de los bonos públicos. Ahí está el problema.

Pero la pregunta que debe hacerse es: ¿Por qué se estableció el BCE con estas limitaciones? La respuesta es que el euro se estableció en un momento de gran dominio político y hegemonía intelectual del neoliberalismo. Esta doctrina (una creencia con sus propios dogmas) creía y continúa creyendo que el Estado es el problema, y que a menor Estado, mejor economía. De ahí que se forzara a que se redujera el rol del Estado, disminuyendo sus funciones, y que el presupuesto del Estado fuera, además de pequeño, equilibrado (es decir, un déficit público cero). Esto explica la prohibición de que el BCE ayudara a los Estados y les comprara bonos, exigiéndole, además, unos límites, como queda claro en el criterio de Maastricht: los Estados no pueden endeudarse, y tienen que tener presupuestos equilibrados. Es el modelo neoliberal, causa de la enorme crisis que estamos viviendo. Lo que la población tiene que entender es que con este modelo actual, España no sólo no saldrá de la crisis, sino que la situación se irá empeorando todavía más. No hay duda de ello. España ha sido el discípulo más disciplinado del colectivo neoliberal. Y no ha salido de la crisis.

Frente a esta situación hay dos salidas. Una es que se presione para que las instituciones europeas cambien, yendo hacia un sistema más federal con cambios muy sustanciales, incluyendo el cambio del BCE en un Banco Central. La solución no es sólo más Europa, sino otra Europa distinta. Para que ello ocurra se necesitan cambios profundos en las culturas y establishments políticos de la Eurozona y de la UE.

La otra alternativa a nivel europeo es que España considere muy seriamente salirse del euro, permaneciendo en la UE. Es cierto que la salida del euro crearía grandes problemas, pero hay que recordar que Argentina (cuando rompió la paridad de su moneda con el dólar, en contra de los deseos del FMI), pasó seis meses malos cuando se salió del sistema centrado en el dólar, pero después creció considerablemente.
Mi preferencia es la primera alternativa, pero si ello no fuera posible, creo que la segunda debiera al menos debatirse. Lo que sí tiene que quedar claro es que continuar con las políticas que se están siguiendo (que se acentuarán todavía más si el PP gana las próximas elecciones) España va hacia un suicidio económico.